Desde los inicios de la pandemia de la COVID-19 se identificó a la población de pacientes enfermos de cáncer como un grupo vulnerable. Esta condición no fue solo debido a su mayor riesgo de enfermar y la posibilidad de padecer complicaciones por la enfermedad, sino también por las modificaciones realizadas al flujo de estos pacientes para su evaluación, diagnóstico y tratamiento dentro de los sistemas sanitarios, que pudiera producir demoras en la atención médica.